viernes, 9 de marzo de 2007

El PP aprueba la ley de Gobierno que sitúa en 99 el número de diputados de la próxima legislatura

La norma permitirá al presidente aprobar el decreto de convocatoria con ese número de escaños aunque no alude al listón electoral.

Desde que la Junta Electoral emitió un dictamen en el que daba por bueno el decreto del presidente de la Generalitat para convocar las elecciones y establecer el número de diputados, el debate sobre la necesidad de pactar la reforma de la ley electoral para ajustar el número de diputados y el listón para acceder al Parlamento desapareció de la primera línea del debate político.

No obstante, para hacer posible ese procedimiento, es decir, convocar las elecciones y establecer el número de diputados –el nuevo Estatuto sólo fija que será un mínimo de 99– era necesario modificar la ley de Gobierno. Entre otras razones, porque de esa forma se resolvería la alusión que hace la actual ley electoral a que el número de diputados es de 89. La Junta Electoral ya dejó entrever hace pocos días que si un decreto del presidente fija el número de diputados de acuerdo con lo que señala el nuevo Estatuto, el resto de la ley electoral, incluido el listón del 5%, seguía vigente.

Lectura única

De modo que el de ayer era el paso previo para hacer posible esa convocatoria. Con el nuevo texto, se establece que “Les Corts estarán constituidas por un mínimo de 99 diputados autonómicos, indicándose que el decreto de convocatoria determinará el número de diputados a elegir con arreglop a lo establecido a la ley electoral y como mñinimo 99”.

Los grupos de la oposición, PSPV y Entesa, centraron sus críticas en el carácter urgente del debate. El procedimiento de lectura única, el elegido para aprobar esta modificación legal, impide a los grupos de la oposición presentar enmiendas al texto.

PSPV y EU-Entesa coincidieron en denunciar que la ley supone un “intento de argucia legislativa clara” al incorporar el número de diputados a elegir en la próxima convocatoria electoral en una ley cuya aprobación requiere de mayoría simple, “sabiendo que es una materia que necesita de una mayoría cualificada de dos tercios”, y, por ello, achacaron a los populares la “responsabilidad” de la “inseguridad jurídica” con la que se afrontan los comicios del 27-M. El portavoz del PSPV Antoni Such defendió con vehemencia la posición de su grupo. Consideró que el procedimiento de lectura única demuestra que no hay interés en el diálogo y en el consenso. “Acabamos la legislatura con un PP radicalizado que tramita leyes de forma totalitaria y que impone la irracionalidad de la derecha más decadente”. El PP, aleccionado del debate de la jornada anterior y consciente de que lo que menos le interesa es radicalizar su postura, evitó entrar al trapo. Y eso que Such habló de “golpe antidemocrático, y de “decretazo que recuerda a Berlusconi, que cambió las leyes para huir de la Justicia”.

Pero Rafael Maluenda, uno de esos parlamentarios acostumbrados al cara a cara, no salió en esta ocasión a buscar la yugular del adversario. El portavoz del PP subrayó que la ley de Gobierno se había modificado en cuatro ocasiones antes que la de ayer. Y en la mayoría de los casos, también con el gobierno socialista, se habían tramitado por lectura única. De hecho, añadió en 1995 se tramitó el 3 de abril, a pocas semanas de la convocatoria electoral.

El síndic de EU-Entesa, Joan Ribó, acusó a los populares de estar “creando un pantano legal total” al ser “incapaces de afrontar una reforma de la ley electoral con los mínimos que establece el Estatuto porque no quieren” que la Cámara “se democratice un poco más y haya una representación de todo el pueblo valenciano”.

“Están introduciendo de forma fraudulenta unos elementos de una ley electoral” en un texto que se aprueba por mayoría simple, “haciendo un fraude democrático al Estatuto y a todos los valencianos”, ya que, según remarcó, la “única ley Electoral “que existe en estos momentos establece el número de diputados en 89, dijo, y advirtió de que las consecuencias de todo ello se verán “muy pronto”.

Pese a los avisos de la oposición, el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, ya había recordado en la presentación del proyecto que se enmarcaba dentro del desarrollo del nuevo marco estatutario.

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